La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) acompañó el pedido de audiencia de la Defensoría del Público al Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, por el decreto del Gobierno nacional que intenta modificar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual para abrir el camino a la concentración de la comunicación audiovisual y amenazando el derecho a la comunicación, información y libertad de expresión de voces diversas.
"Los editores independientes, que trabajamos en el sector gráfico, conocemos bien las consecuencias negativas de los decretos des-regulatorios: nuestro sector continúa desamparado de toda legislación que proteja la actividad del monopolio del mercado y regido por el decreto 1025/2000". AReCIA informó el año pasado en el cuestionario sobre Libertad de Expresión realizado por la CIDH el incumplimiento de estas obligaciones en el sector gráfico .
La asociación se compromete con su adhesión en la búsqueda de una comunicación más democrática y más plural. La presentación de la Defensoría también ha sido acompañada por la Coalición por una Comunicación Democrática, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, entre otros organizaciones.
A continuación el texto completo:
En nombre de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina expresamos nuestra adhesión a la solicitud de la Defensoría del Público para una intervención del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una audiencia lo más inmediata que sea posible, a raíz de la vulneración de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada por decreto del Poder Ejecutivo y sin dar la intervención al Congreso.
La modificación de los límites a la concentración de emisoras de radio y televisión y de la televisión por cable, es una amenaza directa al derecho a difundir informaciones y opiniones plurales, por todos los sectores del país, contemplados en la Ley, como sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, pueblos originarios, universidades y escuelas.
Los editores independientes, que trabajamos en el sector gráfico, conocemos bien las consecuencias negativas de los decretos des-regulatorios: nuestro sector continúa desamparado de toda legislación que proteja la actividad del monopolio del mercado y regido por el decreto 1025/2000. La venta y distribución de diarios y revistas está regida por ese decreto, firmado durante el gobierno de Fernando De La Rúa junto a la entonces ministra de Trabajo y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La letra del decreto refleja el espíritu neoliberal: "subsisten en los hechos regímenes que, producto de la intervención estatal, generan efectos distorsivos sobre la libre interacción de la oferta y la demanda". Esta situación se agrava por la alarmante concentración de la fabricación de papel, insumo básico de nuestra cadena productiva, que cotidianamente sufre aumentos notorios e injustificados, sin registrarse ningún tipo de intervención o control estatal al respecto.
Los organismos internacionales a los que solicitamos intervención han planteado en numerosas oportunidades que la comunicación es un derecho humano que no puede dejarse a merced de la libre competencia.
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión obliga a los gobiernos nacionales a "garantizar la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación".
Nuestra Asociación, que nuclea a 300 revistas independientes y autogestivas de Argentina, informó el año pasado en el cuestionario sobre Libertad de Expresión realizado por la CIDH el incumplimiento de estas obligaciones en el sector gráfico, inspirada en el progresivo avance regulatorio que se observaba en el sector audiovisual. Ahora esos avances quedan anulados por una serie de decretos, firmados sin consulta al Congreso ni atención sobre las advertencias judiciales, lo cual agrava notoriamente la situación en relación al derecho de comunicar en Argentina.
Por lo tanto, respaldamos la solicitud de la Defensoría y, por su intermedio, abogamos por una intervención inmediata de la Relatoría frente al nuevo atropello sobre la libertad de expresión cometido por el Estado argentino.
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