Los escritores ante la ley y un reclamo por sus derechos
Fotografía de Rodrigo Néspolo |
Por Martín De Ambrosio | Para LA NACION
¿Se sienten los escritores argentinos protegidos por la ley de derechos de autor? ¿Alcanza a contener necesidades artísticas y económicas? Tras el procesamiento de Pablo Katchadjian, luego de la acción penal seguida por María Kodama, y el casi unánime respaldo al autor de El Aleph engordado, el debate que le siguió mostró que la ley 11.723 tiene algunos huecos, al menos por el éxito que tuvo la heredera de Borges.
La ley en cuestión fue promulgada en 1933 y declara: "Cualquiera puede publicar, con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas [...] Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas". Sufrió luego varias reformas, la última en 2009, para incluir el plazo de propiedad intelectual de los fonogramas. En el artículo 36 se agregaron al derecho de los autores soportes digitales.
En principio, parte del clamor de los escritores nacionales tiene que ver con la aparición de la noción de "intertextualidad", pero tras una recorrida por sus opiniones se pueden observar algunos otros desamparos legales. Por ejemplo, las reproducciones ilegales derivadas de la tecnología (la ley fue sancionada cuando ni siquiera Isaac Asimov, entonces de 13 años, imaginaba que existirían Google e Internet). Pero no sólo eso. "Las verdaderas amenazas a nuestros derechos vienen de la reproducción ilegal de nuestro trabajo. Peor que que te engorden un cuento es una edición pirata", dice Eduardo Sacheri, cuya novela La pregunta de sus ojos será nuevamente llevada al cine, ahora con un producción de Hollywood. Por su parte, Carlos Gamerro entiende que sí habría que revisar la norma "con la doble finalidad de proteger los intereses de los autores y al mismo tiempo no impedir, como en el caso Katchadjian, que determinadas formas de producción artística sean censuradas o provoquen autocensura". Pero reconoce que existe el plagio como concepto (una curiosidad: la palabra no figura en el texto de la ley 11.723): "Si alguien toma un texto mío y gana un concurso pasándolo como propio, tengo derecho a protestar".
También desde instituciones que reúnen a escritores salieron en defensa de esos derechos a la intertextualidad. Tanto la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) como la Sociedad de Escritores Argentinos (SEA) piden cambios; la versión argentina del PEN Club llamó a un debate sobre el tema para el miércoles 8, a las 19, en Viamonte 525, en la sede en el Centro Cultural Borges (dio la casualidad), con participación del propio Gamerro, David Jacobson, Magdalena Iraizoz y Luis Chitarroni. Mientras tanto, lanzó ayer un llamado de "acción inmediata a nivel mundial" para protestar por el juicio contra Katchadjian. La presidenta del PEN, Luisa Valenzuela, dijo: "Queremos una ley más comprensiva". Y el presidente del PEN Club Internacional, John Ralston Saul, afirmó que el procesamiento de Katchadjian ofendía "los estándares más básicos de la libertad de expresión".
Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE, dice que la ley es eficaz, pero tiene vacíos ante las nuevas tecnologías y "las nuevas formas de interpretar la literatura". Su colega en la presidencia de la otra entidad, la SEA, Graciela Aráoz, propone directamente la modificación de la ley, en cuya nueva redacción deberían trabajar los autores. ¿Asuntos más urgentes? "Los derechos de autor, el precio de venta al público, todo el circuito del autor a la librería, e incorporar nuevas tecnologías." Otro que pone una cuña interesante es Sergio Olguín: "Lo que queda claro es que la propiedad intelectual no está pensada para proteger al escritor de los editores y se necesita una ley específica".
Para el abogado especializado en derechos de autor Francisco de Zavalía, los jueces deberían dejar las instancias penales para piratas de libros, no para autores. "Beneficiaría que los usos posibles fueran más claros, como en el tema de la parodia. Hoy la ley no la permite, ya que debe estar autorizada por el parodiado. Pero es cierto que nadie recurrió a la justicia penal, salvo Kodama."
¿Y qué pasaría si un autor reconocido como César Aira sufriera un caso de "engordamiento" de alguno de sus textos? Lo responde el autor en comunicación telefónica: "Me mataría de risa, aunque no creo que nadie lo haga. Considero que lo que la ley debería hacer es dejarnos en paz a los escritores. No creo en los derechos de autor, lo que debería hacer un escritor es trabajar y ganarse la plata honestamente antes que andar escribiendo. Es cierto que a mí me genera rédito escribir, pero no lo considero un oficio honesto".
ACTO DE APOYO A PABLO KATCHADJIAN
Anoche se realizó en la explanada de la Biblioteca Nacional un acto de apoyo al escritor Pablo Katchadjian con participación de varios escritores, entre los que se encontraban César Aira, Jorge Panesi, María Pía López, Claudia Piñeiro, Damián Ríos, Carlos Gamerro y el propio Katchadjian, que dijo que su libro no era "un chiste". Allí, ante más de cien personas, se leyó además una carta pública en la que se narran los hechos, que comenzaron en 2009 con la publicación de los 200 ejemplares de El Aleph engordado, obra que consiste en el cuento original de Borges al que se le han intercalado palabras nuevas. Los colegas de Katchadjian coinciden en que se trató de un esfuerzo artístico y no constituyó un plagio. Más tarde, hubo una mesa de discusión en el Museo del Libro y de la Lengua. Quienes lo apoyan consideran que la pena que enfrenta el escritor es excesiva: de uno a seis años de prisión y un embargo de $ 80.000 sobre sus bienes. Ricardo Straface, abogado de Katchadjian, apeló el procesamiento, pero no hubo todavía ningún fallo de la cámara..
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